• Etiqueta de título: Fideicomisos en Derecho de Familia y Remoción de Fiduciarios — Puerto Rico
• Meta descripción: Jurisprudencia de Puerto Rico sobre fideicomisos en divorcios, remoción de fiduciarios y disputas de fideicomisos familiares. Resoluciones judiciales sobre bienes gananciales en fideicomisos y causales para remover fiduciarios.
• Slug: family-law-trusts-trustee-removal-puerto-rico-es
• Palabra clave objetivo: remoción fiduciario Puerto Rico fideicomiso familiar
• Palabras clave secundarias: fideicomiso en divorcio Puerto Rico, bienes gananciales fideicomiso, causales remoción fiduciario, disputas fideicomiso familiar
• Categoría: Trust Law, Case Analysis, Estate Planning / Derecho de Fideicomisos, Análisis de Casos, Planificación Sucesoral
• Etiquetas: trustee-removal, family-law, divorce-trust, marital-property, case-analysis, puerto-rico, trust-disputes, trust-law, remocion-fiduciario, derecho-familia, bienes-gananciales
• Enlaces internos: /puerto-rico-trusts, /resources, /estate-planning

---

Casos de Derecho de Fideicomisos de Puerto Rico - Repositorio de Resúmenes

Los fideicomisos frecuentemente se intersecan con el derecho de familia en Puerto Rico, ya sea a través de procedimientos de divorcio que afectan bienes gananciales mantenidos en fideicomiso o disputas que conducen a la remoción del fiduciario. Comprender cuándo y cómo los tribunales intervendrán en la administración de fideicomisos — incluyendo las causales para remover a un fiduciario — es crítico tanto para las familias como para los practicantes del derecho. Estos resúmenes de casos examinan decisiones clave de Puerto Rico en la intersección del derecho de fideicomisos y el derecho de familia.

1. Gil Ensenat v. Marini Roman, 2009 WL 2420142 (2009)

Titular

Fideicomiso de Plan de Retiro Creado Antes del Matrimonio Clasificado como Propiedad Privativa; Descubrimiento de Prueba Limitado al Período de la Sociedad de Gananciales

Tribunal

Tribunal de Apelaciones, Panel integrado por los Jueces Rivera Martínez, Colón Birriel y Jiménez Velázquez

Fecha

30 de junio de 2009

Resumen de Hechos Relevantes

Brenda Gil Enseñat y Orlando Marini Román otorgaron capitulaciones matrimoniales el 2 de mayo de 1995, estableciendo separación total de bienes. Se casaron cuatro días después, el 6 de mayo de 1995. El matrimonio duró aproximadamente cuatro años y fue disuelto por decreto de divorcio el 24 de marzo de 1999, sin hijos nacidos durante el matrimonio. Antes del matrimonio, el 3 de junio de 1991 — cuatro años antes de que la pareja se conociera — Orlando Marini Román creó un fideicomiso de plan de retiro (Retirement Plan Trust Series 91-421) para su beneficio mediante escritura otorgada ante notario público. El fideicomiso fue aprobado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y designado como un plan de beneficio objetivo. Las aportaciones al fideicomiso fueron realizadas exclusivamente por su corporación patronal, Orlando Marini Román Cardiólogo CSP, no de su salario, y no dependían de los ingresos generados ya sea por el empleado o el patrono.

Historial Procesal

El 31 de octubre de 2002, casi cuatro años después del divorcio, Gil Enseñat presentó una acción de sentencia declaratoria impugnando la validez de las capitulaciones prenupciales. Argumentó que su padre debía comparecer en el otorgamiento de las capitulaciones (conforme al Artículo 1270 del Código Civil) y que su ausencia las hizo radicalmente nulas, creando así una sociedad legal de gananciales durante el matrimonio. El tribunal de primera instancia concedió sentencia sumaria a favor de Marini Román, concluyendo que aunque la ausencia del padre hizo las capitulaciones anulables en vez de nulas, el término prescriptivo de cuatro años para impugnarlas había expirado desde que Gil Enseñat alcanzó la mayoría de edad (tenía 19 años al casarse). El Tribunal de Apelaciones inicialmente revocó el 21 de agosto de 2003, declarando las capitulaciones nulas porque el padre no compareció. El Tribunal Supremo confirmó esta revocación el 18 de abril de 2006, y devolvió al tribunal de primera instancia para la liquidación de la sociedad de gananciales. Posteriormente, a nivel del tribunal de primera instancia, surgió controversia respecto a si las aportaciones al fideicomiso de retiro pre-matrimonial constituían bienes gananciales.

Controversias Principales

(1) Si las aportaciones realizadas durante el matrimonio a un fideicomiso de plan de retiro establecido antes del matrimonio constituyen bienes gananciales que requieren división al divorcio; (2) Si se debía permitir el descubrimiento de prueba respecto a aportaciones al fideicomiso realizadas durante y después del matrimonio; (3) Si los frutos, beneficios e inversiones derivados de las aportaciones al fideicomiso durante el matrimonio constituyen bienes gananciales; (4) Si el tribunal de primera instancia restringió apropiadamente el descubrimiento de prueba al período del matrimonio solamente en vez de permitir el descubrimiento de todas las transacciones que pudieron haberse originado durante el matrimonio.

Posición de las Partes

Gil Enseñat argumentó que las aportaciones al plan de retiro realizadas por la corporación patronal durante el matrimonio constituían bienes gananciales porque derivaban de la actividad económica conyugal durante el período del matrimonio y debían incluirse en el caudal ganancial. Sostuvo que tenía derecho a un amplio descubrimiento de prueba respecto a todas las aportaciones, inversiones y transacciones relacionadas con el fideicomiso. Marini Román argumentó que el fideicomiso del plan de retiro era su propiedad privativa creada antes del matrimonio, y que las aportaciones realizadas por una corporación patronal no formaban parte de los bienes gananciales. Distinguió el plan de retiro de los arreglos de compensación diferida reconocidos en la jurisprudencia de Puerto Rico como bienes gananciales, sosteniendo que el fideicomiso servía como "seguridad de dignidad para el retiro" y no constituía compensación por servicios maritales.

Resolución/Decisión

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que el fideicomiso del plan de retiro constituía propiedad privativa y que el descubrimiento de prueba respecto a las aportaciones al fideicomiso debía ser limitado. El tribunal afirmó que las aportaciones realizadas por un patrono a un fideicomiso de plan de retiro, cuando el empleado no hace aportaciones y el plan fue establecido antes del matrimonio, no constituyen bienes gananciales. El tribunal determinó que cuando un patrono asume el costo total de las aportaciones al plan de retiro sin aportación alguna del empleado casado, la sociedad de gananciales no tiene reclamación alguna — ni siquiera una reclamación de reembolso — sobre esos fondos.

Fundamentos de la Decisión

El tribunal aplicó la jurisprudencia establecida de Puerto Rico que reconoce los beneficios de retiro como derechos personalísimos. Sin embargo, distinguió entre el derecho en sí (que permanece privativo) y las mensualidades de anualidad recibidas durante el matrimonio (que constituyen bienes gananciales como frutos civiles). El tribunal encontró que el presente caso era distinguible de Carrero Quiles v. Santiago Feliciano (133 D.P.R. 727), que sostuvo que los planes de compensación diferida constituían bienes gananciales, porque ese caso involucraba compensación que se determinaba basándose en el salario y desempeño del empleado — esencialmente una forma de pago adicional por servicios. El tribunal señaló que en el presente caso: (1) el fideicomiso fue creado cuatro años antes del matrimonio; (2) las aportaciones no derivaban del salario o compensación del empleado; (3) el plan prohibía expresamente las aportaciones de los participantes; (4) solo el patrono (la corporación) realizaba aportaciones; y (5) el plan servía el propósito estatutario de un beneficio de seguridad de retiro en vez de compensación marital. Respecto al descubrimiento de prueba, el tribunal sostuvo que las reglas liberales de descubrimiento aplican pero están limitadas por los requisitos de relevancia y no-privilegio. Dado que el plan de retiro era demostrablemente propiedad privativa y la esposa admitió que no contribuyó esfuerzo o trabajo alguno durante el matrimonio para generar aumento de valor en activos privativos, el descubrimiento debía limitarse al período del matrimonio solamente, no extenderse a transacciones pre-maritales o post-maritales.

---

2. Fideicomiso Caro Delui Representado por su Fiduciaria v. Rodriguez Beauchamp, 2012 WL 1515184 (2012)

Titular

Fiduciaria del Fideicomiso Ostenta Título Legal y Puede Demandar Independientemente; La Doctrina de Cosa Juzgada Aplica a la Personalidad Jurídica del Fideicomiso

Tribunal

Tribunal de Apelaciones, Panel integrado por los Jueces García García, Varona Méndez y Gómez Córdova

Fecha

14 de marzo de 2012

Resumen de Hechos Relevantes

El 24 de marzo de 1968, el Señor José Ramón Rodríguez Beauchamp estableció un régimen matrimonial de separación total de bienes. Durante el matrimonio, Rodríguez Beauchamp actuó como administrador exclusivo de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo un fideicomiso que fue constituido por Rodríguez Beauchamp mediante escritura pública titulada "Escritura Número 40, Constitución de Fideicomiso". El fideicomiso fue diseñado para asegurar el bienestar económico futuro de la esposa de Rodríguez Beauchamp, la Señora Caro. El fideicomiso contenía veintiséis (26) acciones de Aeroboutique de Puerto Rico, Inc., valoradas en $50,000.00 cada una para un valor total del fideicomiso de $1,300,000.00. Rodríguez Beauchamp fue designado como primer fiduciario/administrador. La Señora Caro fue designada como fiduciaria del fideicomiso. Cuando el matrimonio fuera disuelto o separado, se esperaba que Rodríguez Beauchamp fuera reemplazado como fiduciario por su hijo, Delui Beauchamp Caro. Posteriormente, la Señora Caro y Rodríguez Beauchamp otorgaron un "Contrato Privado de Dación en Pago" en la misma fecha. Este contrato documentó específicamente los resultados de la liquidación de las acciones de Aeroboutique. El corpus del fideicomiso (activos del fideicomiso en acciones de Aeroboutique) fue liquidado a un valor significativamente menor que la valoración original de $1,300,000.00, resultando en una reducción a $447,644.00.

Historial Procesal

El 7 de julio de 2004, la Señora Caro presentó una reclamación de liquidación de la sociedad de gananciales ante el tribunal de primera instancia. Alegó que existía una sociedad de gananciales entre ella y el Señor Rodríguez Beauchamp y que esta comunidad incluía múltiples bienes muebles e inmuebles. Reclamó específicamente que el fideicomiso debía incluirse en la liquidación de bienes gananciales y solicitó reembolso por la devaluación de las acciones de Aeroboutique mantenidas en el fideicomiso. Durante el matrimonio, Rodríguez Beauchamp actuó como administrador exclusivo de todos los bienes incluyendo la administración del fideicomiso. La Señora Caro posteriormente presentó una reclamación en 2010 aseverando que Rodríguez Beauchamp le debía la diferencia en valor de las acciones liquidadas del fideicomiso (20 acciones de Aeroboutique). El tribunal de primera instancia inicialmente rechazó la reclamación de liquidación de bienes gananciales después de determinar que el fideicomiso tenía estatus de propiedad privativa y que la administración de los activos del fideicomiso por Rodríguez Beauchamp durante el matrimonio no creó intereses gananciales.

Controversias Principales

(1) Si un fideicomiso constituido por una persona casada puede contener bienes gananciales o debe ser tratado como propiedad privativa; (2) Si una fiduciaria del fideicomiso tiene legitimación activa independiente para demandar por separado de los intereses como beneficiaria; (3) Si la doctrina de cosa juzgada aplica a fideicomisos con personalidad jurídica separada; (4) Si la Señora Caro, en su capacidad como fiduciaria representando al fideicomiso, podía demandar por devaluación de activos del fideicomiso; (5) Si la personalidad jurídica del fideicomiso provee legitimación imputada distinta del estatus de beneficiaria.

Posición de las Partes

La Señora Caro (como fiduciaria del fideicomiso) argumentó que el fideicomiso tenía personalidad jurídica separada y que ella, como fiduciaria, podía independientemente presentar demanda por daños resultantes de la devaluación de activos del fideicomiso. Sostuvo que la litigación previa (en la cual el tribunal de primera instancia adjudicó la propiedad como privativa) no impedía una nueva reclamación de restitución del valor depreciado porque la acción anterior concernía a la liquidación de bienes gananciales mientras que la acción actual busca recuperación por depreciación de activos del fideicomiso. El Señor Rodríguez Beauchamp contrarrestó que la Señora Caro carecía de legitimación para presentar la demanda porque era simultáneamente fiduciaria y beneficiaria de un fideicomiso que constituía su propiedad privativa, y que la adjudicación previa del carácter ganancial (o la falta del mismo) de los activos del fideicomiso era final y vinculante.

Resolución/Decisión

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que: (1) un fideicomiso constituye personalidad jurídica separada bajo el derecho de Puerto Rico y puede ser representado por su fiduciaria en procedimientos judiciales; (2) la legitimación de la fiduciaria para demandar se deriva de la propia personalidad jurídica del fideicomiso y de los deberes fiduciarios, no únicamente del estatus de beneficiaria; (3) la doctrina de cosa juzgada aplica a los fideicomisos e impide la relitigación de asuntos que fueron adjudicados definitivamente en procedimientos anteriores; (4) sin embargo, el remedio colateral impedido por sentencia (doctrina procesal alternativa que permite impugnación colateral a sentencias) no aplicaba porque la sentencia anterior era final y firme; (5) el intento de la fiduciaria de relitigar la valoración de activos del fideicomiso a través de una nueva reclamación de daños estaba impedido por los principios de cosa juzgada.

Fundamentos de la Decisión

El tribunal analizó la personalidad jurídica del fideicomiso bajo el derecho de Puerto Rico, adoptando un enfoque mixto que incorpora principios anglosajones de fideicomisos mientras respeta la tradición civilista de Puerto Rico. El tribunal señaló que aunque el Artículo 852 del Código Civil establece que la confusión del carácter de fiduciario y beneficiario único termina un fideicomiso, esto no impide que un fideicomiso exista como entidad jurídica separada capaz de ser representada por una fiduciaria en litigación. El tribunal distinguió entre la fiduciaria del fideicomiso como individuo y el fideicomiso como entidad con intereses separados. Respecto a la legitimación, el tribunal aplicó principios que reconocen que la fiduciaria ostenta título legal sobre los activos del fideicomiso y tiene deberes fiduciarios hacia el fideicomiso en sí (no meramente hacia los beneficiarios), poseyendo así un interés independiente en defender los activos del fideicomiso. Sin embargo, aplicando la doctrina de cosa juzgada, el tribunal sostuvo que cuando una sentencia anterior resolvió definitivamente la naturaleza de la propiedad del fideicomiso (si privativa o ganancial), una acción subsiguiente buscando recuperación por devaluación de activos basada en la misma disputa subyacente de propiedad constituye cosa juzgada. El tribunal enfatizó que permitir a la fiduciaria relitigar valoraciones de activos bajo la apariencia de una acción de daños socavaría la firmeza de las sentencias y fomentaría litigación repetitiva.

---

3. Triangle Cayman Asset Company v. Perez Mendoza, 2016 WL 3165884 (2016)

Titular

La Renuncia Informal del Fiduciario Original Mediante Carta No Termina el Estatus Fiduciario; Se Requiere Aprobación Judicial para la Renuncia del Fiduciario Bajo el Artículo 861 del Código Civil

Tribunal

Tribunal de Apelaciones, Panel integrado por los Jueces Fraticelli Torres, Ortiz Flores y Ramos Torres

Fecha

22 de abril de 2016

Resumen de Hechos Relevantes

El 20 de octubre de 2005, el Fideicomiso Pérez Mendoza fue creado mediante escritura pública. Vicente Pérez Santiago y Aracelis Mendoza Chidiak sirvieron como fideicomitentes, designando a sus hijos como beneficiarios. Oriental Bank and Trust fue nombrado como fiduciario original. La escritura estipulaba expresamente que los fideicomitentes no podían servir como fiduciarios. Posteriormente, Pérez Santiago, Oliveras Rodríguez y Pellegrini Castro otorgaron un contrato de préstamo comercial con Eurobank para la compra de bienes inmuebles, y el Fideicomiso Pérez Mendoza sirvió como garantía bajo arreglos de prenda e hipoteca. El 30 de octubre de 2010, el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico ordenó el cierre de Eurobank y nombró a la FDIC como síndica. Ese mismo día, Oriental Bank adquirió el préstamo comercial de los activos de Eurobank. El 21 de diciembre de 2011, Oriental Bank envió una carta certificada con acuse de recibo a Pérez Santiago y Mendoza Chidiak notificándoles que Oriental Bank estaba cesando sus funciones como fiduciario y solicitando que designaran un fiduciario sucesor dentro de treinta (30) días. La carta fue devuelta como "no reclamada". En noviembre de 2012, Oriental Bank presentó demanda de cobro de dinero y ejecución de prenda/hipoteca contra el Fideicomiso Pérez Mendoza, Pérez Santiago, Oliveras Rodríguez, Pellegrini Castro, y la sociedad de gananciales que estos conformaban.

Historial Procesal

Pérez Santiago solicitó la nulidad del emplazamiento, argumentando que no era un agente autorizado para recibir emplazamiento a nombre del fideicomiso porque Oriental Bank ya había renunciado como fiduciario. Oriental Bank se opuso, aseverando que había notificado adecuadamente a los fideicomitentes de su renuncia a través de la carta certificada de diciembre de 2011. El tribunal de primera instancia determinó que el emplazamiento era adecuado bajo las circunstancias particulares. Pérez Santiago apeló. Un panel hermano del Tribunal de Apelaciones emitió una decisión el 30 de septiembre de 2014 (en el caso KLCE201401071) revocando al tribunal de primera instancia y concluyendo que la renuncia de Oriental Bank era ineficaz y que el emplazamiento fue impropio. Ese panel sostuvo que bajo el Artículo 861 del Código Civil, el fiduciario original (no un fiduciario sucesor) debe solicitar al tribunal de primera instancia la aprobación de su renuncia, y que la notificación unilateral mediante carta no puede sustituir la renuncia aprobada por el tribunal. El panel sostuvo además que dado que la renuncia fue impropia, no se podía presumir que los fideicomitentes ni los fiduciarios sucesores habían asumido roles de fiduciario, y por lo tanto el emplazamiento adecuado no podía efectuarse a través de Pérez Santiago. Se ordenó al tribunal de primera instancia celebrar una vista evidenciaria para determinar la suficiencia de las razones para la renuncia. Sin embargo, el tribunal de primera instancia posteriormente ignoró este mandato y emitió una sentencia parcial ordenando al fideicomiso pagar aproximadamente $492,121.10 a Oriental Bank.

Controversias Principales

(1) Si un fiduciario original puede válidamente renunciar enviando una carta de notificación sin aprobación judicial; (2) Si tal renuncia informal termina efectivamente el estatus y los deberes fiduciarios del fiduciario; (3) Si, en ausencia de renuncia efectiva del fiduciario, el emplazamiento puede efectuarse adecuadamente a través de un fideicomitente; (4) Si un fiduciario tiene discreción absoluta para renunciar o si se requiere supervisión judicial; (5) Si un mandato apelativo previo que ordena una vista evidenciaria crea un efecto vinculante que los tribunales de primera instancia deben seguir.

Posición de las Partes

Pérez Santiago (posteriormente acompañado por el demandante sustituto Triangle Cayman Asset Company, que adquirió la reclamación de Oriental Bank) argumentó que Oriental Bank no tenía autoridad para renunciar unilateralmente y que el procedimiento apropiado requería aprobación judicial. Sostuvo que Oriental Bank permanecía como fiduciario y que por lo tanto el emplazamiento a través de un fideicomitente-no-fiduciario era impropio. Oriental Bank argumentó que su renuncia era efectiva bajo la cláusula del instrumento del fideicomiso que permitía la renuncia del fiduciario mediante notificación escrita a los fideicomitentes, y que este arreglo contractual suplantaba los requisitos estatutarios.

Resolución/Decisión

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que: (1) el fiduciario original no puede renunciar meramente enviando una carta de notificación a los fideicomitentes; (2) el Artículo 861 del Código Civil (aplicable en ese momento) requería que un fiduciario original solicitara al tribunal de primera instancia con jurisdicción y que el tribunal determinara la suficiencia o insuficiencia de las razones para la renuncia propuesta; (3) la carta de Oriental Bank de diciembre de 2011 no cumplió con los procedimientos estatutarios de renuncia y por lo tanto no terminó el estatus fiduciario de Oriental Bank; (4) consecuentemente, el fideicomiso permaneció bajo la autoridad fiduciaria de Oriental Bank, y el emplazamiento no podía efectuarse adecuadamente a través de un fideicomitente; (5) el tribunal de primera instancia erró al ignorar un mandato apelativo previo que ordenaba una vista evidenciaria y en su lugar emitir sentencia contra el fideicomiso; (6) Pérez Santiago demostró legitimación para apelar como ex-fiduciario y protector de los intereses de los beneficiarios.

Fundamentos de la Decisión

El tribunal reconoció que aunque el Artículo 855 del Código Civil permite a los fideicomitentes crear fideicomisos en cualquier forma sujeta a la ley y al orden público, esta flexibilidad no permite evadir los requisitos procesales obligatorios para la renuncia del fiduciario. El tribunal sostuvo que el Artículo 861 establece el procedimiento exclusivo para la renuncia del fiduciario: el fiduciario debe solicitar al tribunal de primera instancia competente, el cual debe determinar si las razones son suficientes y si obligar al fiduciario a continuar sería irrazonablemente oneroso. El tribunal razonó que los deberes fiduciarios de un fiduciario original son irrevocables y no pueden ser abandonados unilateralmente mediante notificación informal. El tribunal distinguió entre fiduciarios originales (cuya renuncia requiere aprobación judicial) y fiduciarios sucesores (que pueden renunciar más fácilmente). El tribunal enfatizó que Oriental Bank había fallado en seguir el procedimiento adecuado y por lo tanto permanecía vinculado por los deberes fiduciarios a pesar de sus deseos expresos de terminar la relación. Adicionalmente, el tribunal sostuvo que la falta del tribunal de primera instancia en seguir el mandato apelativo — ordenando una vista evidenciaria antes de dictar sentencia — constituyó un abuso de discreción que violó el principio de que las decisiones apelativas constituyen ley vinculante entre las partes.

---

4. Carvajal Narvaez v. Scotiabank of Puerto Rico, 2018 WL 1863663 (2018)

Titular

Modificación de Fideicomiso Posterior a Cambio Legislativo Torna Moot la Sentencia Anterior; Revisión Discrecional de Certiorari Denegada Donde No Existe Controversia Sustancial

Tribunal

Tribunal de Apelaciones, Panel integrado por los Jueces Jiménez Velázquez, Cintrón Cintrón y Rivera Marchand

Fecha

7 de febrero de 2018

Resumen de Hechos Relevantes

Francisco Carvajal Narváez y Agnes Dora Fuertes Alou, sirviendo como fideicomitentes y fiduciarios del Fideicomiso Hispamer, presentaron demanda contra Scotiabank of Puerto Rico y cinco individuos (Juan B. Aponte Vázquez, Enrique Fierres González, Manuel de J. González Hernández, Ángel L. Rivera Ortiz y Fernando Torrent Mattei) buscando remedio interdictal preliminar y permanente. La demanda solicitó que el tribunal de primera instancia ordenara a Scotiabank reconocer la validez de una escritura de fideicomiso modificada y reconocer a los fiduciarios recién designados del Fideicomiso Hispamer. El 26 de agosto de 2016, el tribunal de primera instancia emitió sentencia declarando la demanda "No Ha Lugar" (desestimada), determinando que los demandantes no cumplieron con el Artículo 33 de la Ley 219-2012 (Ley de Fideicomisos) y que el remedio solicitado por lo tanto no estaba justificado. El tribunal de primera instancia desestimó tanto el remedio interdictal como la causa de acción subyacente contra Scotiabank.

Historial Procesal

Las partes apelaron la sentencia del 26 de agosto de 2016 ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, antes de que el tribunal apelativo adjudicara la apelación, los apelantes solicitaron el desistimiento de la apelación. El tribunal apelativo emitió sentencia desestimando la apelación por consentimiento mutuo. Posteriormente, los peticionarios (demandados en la demanda original) presentaron una moción solicitando la ejecución de la sentencia. Argumentaron que la desestimación de la demanda por el tribunal de primera instancia constituyó la aceptación de los términos de la sentencia y debía ser ejecutada. Los recurridos (los apelantes originales) se opusieron, sosteniendo que la sentencia no concedió remedio alguno y por lo tanto no era ejecutable. Adicionalmente, señalaron que tras la aprobación de la Ley 102-2017, habían otorgado una escritura de fideicomiso enmendada, lo que significaba que el documento de fideicomiso referido en la demanda original ya no regía la administración del fideicomiso. El tribunal de primera instancia emitió una orden estableciendo: "La sentencia de este tribunal es final, firme e inapelable. Tanto la sentencia del foro de instancia como la del foro apelativo son claras y precisas. No hay nada que proveer respecto a su ejecución."

Controversias Principales

(1) Si una sentencia que no concedió remedio afirmativo a ninguna parte es ejecutable; (2) Si los cambios en la ley aplicable ocurridos entre la sentencia y la solicitud de ejecución afectan las obligaciones de ejecución; (3) Si el tribunal apelativo debía conceder revisión de certiorari donde las circunstancias fácticas y legales habían cambiado sustancialmente; (4) Si la revisión discrecional de certiorari debía proceder cuando un caso se ha tornado académico debido a cambios legales intervinientes.

Posición de las Partes

Los peticionarios argumentaron que el tribunal de primera instancia erró al negarse a ejecutar la sentencia porque interpretaron la sentencia como concediendo remedio a su favor. Los recurridos argumentaron que la sentencia no concedió remedio afirmativo a nadie y que la escritura de fideicomiso en cuestión había sido suplantada por enmiendas otorgadas conforme a una nueva ley.

Resolución/Decisión

El Tribunal de Apelaciones denegó la petición de certiorari y declinó ejercer revisión apelativa. El tribunal sostuvo que: (1) bajo la Regla 40 de las Reglas del Tribunal de Apelaciones que rige el certiorari discrecional en etapas post-sentenciales, no existían fundamentos para el certiorari; (2) el tribunal de primera instancia no erró al negarse a ejecutar una sentencia que no concedió remedio a ninguna parte; (3) el cambio estatutario interviniente (Ley 102-2017) y la otorgación por las partes de una escritura de fideicomiso enmendada constituyeron circunstancias cambiadas que tornaron académica la demanda original; (4) además, el asunto fundamental que requería revisión apelativa — si la escritura de fideicomiso original cumplía con los requisitos del Artículo 33 — había sido superado por desarrollos legales subsiguientes; (5) el tribunal apelativo no intervendría con la discreción del tribunal de primera instancia en ausencia de error grave, parcialidad, o error craso y manifiesto en la determinación de hechos.

Fundamentos de la Decisión

El tribunal aplicó los criterios de la Regla 40 para revisión discrecional de certiorari, señalando que este es un remedio extraordinariamente discrecional. El tribunal no encontró presente ninguno de los siete factores: (A) el remedio no era contrario a derecho — el tribunal de primera instancia correctamente identificó que no se había concedido remedio ejecutable alguno; (B) la situación fáctica no era la más adecuada para análisis porque las circunstancias legales y fácticas habían cambiado fundamentalmente; (C) no hubo demostración de parcialidad, prejuicio o error craso en la aplicación del derecho por el tribunal de primera instancia; (D) el asunto no requería consideración adicional dada la academicidad; (E) el estatus académico hacía esta etapa inapropiada; (F) el certiorari no prevendría fractura injusta de los procedimientos; y (G) el certiorari no prevendría un fracaso de la justicia dado que las partes habían otorgado una escritura enmendada bajo nueva autoridad legal. El tribunal enfatizó que cuando una sentencia no concede remedio afirmativo, es inherentemente no ejecutable en el sentido tradicional. El tribunal señaló además que la aprobación de la Ley 102-2017 y la subsiguiente otorgación por las partes de una escritura de fideicomiso enmendada tornaron académica la controversia original sobre la escritura de fideicomiso sin modificar.

---

5. Rios Perez v. Rios Diaz, 2014 WL 7671035 (2014)

Titular

Fiduciario Sucesor Carece de Legitimación para Solicitar Remoción del Fiduciario; Solo el Fideicomitente, el Beneficiario o un Funcionario Público Pueden Iniciar Procedimientos de Remoción

Tribunal

Tribunal de Apelaciones, Panel integrado por los Jueces Jiménez Velázquez, Soroeta Kodesh y Brignoni Mártir

Fecha

16 de diciembre de 2014

Resumen de Hechos Relevantes

El 28 de marzo de 2007, Carlos Ramón Ríos Gautier (fideicomitente) otorgó la Escritura Pública Número Seis constituyendo tres fideicomisos para sus nietos (los hijos de Ríos Pérez): Camelia Ríos Blondet, José Ignacio Ríos Blondet e Isabella Ríos Rivera. José E. Ríos Díaz fue designado como fiduciario original. La escritura disponía que si Ríos Díaz renunciaba, quedaba incapacitado, fallecía o era removido, José Ramón Ríos Pérez serviría como fiduciario sucesor. Si Ríos Pérez no pudiera servir, su hermano Carlos Vicente Ríos Pérez serviría como el próximo sucesor. El 8 de mayo de 2013, Ríos Pérez (tanto personalmente como en representación de su hijo menor, José Ignacio Ríos Blondet) presentó demanda contra Ríos Díaz buscando su remoción como fiduciario. Ríos Pérez alegó que Ríos Díaz incumplió deberes fiduciarios al: (1) no rendir las cuentas anuales requeridas por la escritura del fideicomiso; y (2) fallar intencionalmente en informar a Ríos Blondet sobre la existencia y propósito del fideicomiso, privando así al beneficiario menor de su derecho a disfrutar o reclamar beneficios bajo el fideicomiso.

Historial Procesal

Ríos Díaz presentó una moción de desestimación y moción de sentencia sumaria, argumentando que Ríos Pérez carecía tanto de legitimación personal como representativa para presentar la acción. El tribunal de primera instancia concedió ambas mociones el 1 de abril de 2014, desestimando toda la demanda con perjuicio. Ríos Pérez apeló, sosteniendo que el tribunal de primera instancia erró al utilizar la sentencia sumaria para decidir asuntos de legitimación sin permitir el desarrollo de controversias fácticas.

Controversias Principales

(1) Si un fiduciario sucesor designado posee legitimación activa para buscar la remoción del fiduciario original; (2) Si el interés futuro condicional de un fiduciario sucesor en asumir el rol de fiduciario proporciona una lesión actual suficiente para presentar demanda; (3) Si un padre puede presentar demanda en representación de beneficiarios menores para remover a un fiduciario; (4) Si las alegadas violaciones de deberes de rendición de cuentas y obligaciones de notificación del fiduciario constituyen causales para la remoción del fiduciario bajo el Artículo 867 del Código Civil.

Posición de las Partes

Ríos Pérez argumentó que su doble estatus — como fiduciario sucesor designado y como representante de un beneficiario menor — le otorgaba legitimación para demandar la remoción del fiduciario. Sostuvo que su designación como fiduciario sucesor creó un interés personal en la administración adecuada del fideicomiso. El tribunal de primera instancia (confirmado por el tribunal apelativo) sostuvo que el Artículo 867 del Código Civil especifica exhaustivamente quién puede solicitar la remoción del fiduciario: el fideicomitente, un beneficiario, o el fiscal (funcionario público) en defensa de menores o personas incapacitadas. Un fiduciario sucesor no aparece en esta lista.

Resolución/Decisión

El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia sumaria del tribunal de primera instancia, sosteniendo que: (1) Ríos Pérez carece de legitimación personal para presentar la demanda porque su estatus como fiduciario sucesor es condicional y contingente al futuro; (2) el Artículo 867 del Código Civil provee una lista exclusiva de partes con autoridad para solicitar la remoción del fiduciario: el fideicomitente (que había fallecido), los beneficiarios, o el fiscal; (3) la designación como fiduciario sucesor no confiere legitimación para iniciar procedimientos de remoción; (4) Ríos Pérez podía proseguir la acción solo en su capacidad como representante del beneficiario menor Ríos Blondet; (5) sin embargo, aun en esa capacidad representativa, las alegaciones no establecen causales para remoción bajo el Artículo 867; (6) la especificación en la escritura del fideicomiso de que no se puede requerir a los fiduciarios rendir cuentas fuera de los requisitos de la escritura y que los fiduciarios no están obligados a notificar a los beneficiarios sobre la existencia del fideicomiso significa que estos alegados incumplimientos no constituyen causales de remoción bajo el Artículo 867; (7) el alegado incumplimiento de derechos de notificación no constituye negligencia manifiesta o malversación que requiera la remoción.

Fundamentos de la Decisión

El tribunal aplicó la doctrina de legitimación activa, requiriendo que una parte demuestre: (1) lesión clara y palpable; (2) lesión real, inmediata y precisa (no abstracta o hipotética); (3) conexión entre la lesión y la causa de acción reclamada; y (4) que la causa de acción surja bajo la Constitución o la ley. El tribunal encontró que el interés futuro condicional de Ríos Pérez en convertirse en fiduciario no satisfacía estos requisitos. El tribunal enfatizó que el Artículo 867 del Código Civil enumera exhaustivamente las causales de remoción: (1) intereses personales incompatibles; (2) malversación, fraude o administración negligente; y (3) incapacidad o inhabilitación. El tribunal encontró que las alegaciones no encajaban en estas categorías porque: la escritura del fideicomiso expresamente permitía silencio respecto a la notificación de beneficiarios y no requería rendición de cuentas separada a los beneficiarios. El tribunal señaló que aunque el derecho de Puerto Rico reconoce amplios deberes fiduciarios, estos deben derivarse del documento del fideicomiso o de requisitos estatutarios explícitos, no solamente de principios generales de equidad.

---

6. Oriental Bank and Trust v. Perez Mendoza, 2014 WL 5346721 (2014)

Titular

El Fiduciario Original No Puede Renunciar Mediante Carta Unilateral; Se Requiere Aprobación Judicial Bajo el Artículo 861 del Código Civil; Emplazamiento Inválido Cuando el Estatus de Fiduciario No Ha Sido Debidamente Terminado

Tribunal

Tribunal de Apelaciones, Panel integrado por los Jueces Vizcarrondo Irizarry, Colom García y Steidel Figueroa

Fecha

30 de septiembre de 2014

Resumen de Hechos Relevantes

El 20 de octubre de 2005, Oriental Bank and Trust aceptó la designación como fiduciario del Fideicomiso Pérez Mendoza. El documento del fideicomiso (Escritura Número 36) disponía que Oriental Bank podía renunciar mediante notificación escrita a los fideicomitentes, pero también contenía una disposición de protección contra conflictos de interés. El 8 de mayo de 2007, Pérez Santiago, Oliveras Rodríguez y Pellegrini Castro tomaron prestados $325,000 de Eurobank con el fideicomiso como garantía. El 26 de febrero de 2009, el fideicomiso recibió un préstamo adicional de $90,000 de Eurobank. El 30 de octubre de 2010, cuando Eurobank fracasó y la FDIC asumió sus activos, Oriental Bank adquirió oportunistamente ambos préstamos al fideicomiso, creando así un conflicto de interés directo (Oriental Bank se convirtió simultáneamente en acreedor-prestamista y fiduciario). El 21 de diciembre de 2011, Oriental Bank envió una carta certificada a Pérez Santiago y Mendoza Chidiak declarando que cesaba sus funciones como fiduciario y otorgándoles 30 días para designar un sucesor. La carta fue devuelta como no reclamada. El 20 de noviembre de 2012, Oriental Bank demandó por cobro de deuda y ejecución de hipoteca contra el fideicomiso y sus fideicomitentes.

Historial Procesal

Pérez Santiago presentó moción para anular el emplazamiento alegando que no era un agente autorizado para recibir emplazamiento a nombre del fideicomiso. Oriental Bank se opuso, citando su carta de renuncia de diciembre de 2011. El tribunal de primera instancia, el 8 de julio de 2014, determinó que bajo las circunstancias particulares, el emplazamiento a través del fideicomitente era adecuado. Pérez Santiago apeló. El tribunal apelativo concedió revisión de certiorari.

Controversias Principales

(1) Si la cláusula del documento del fideicomiso que permite la renuncia del fiduciario mediante notificación escrita suplanta el requisito de aprobación judicial del Artículo 861 del Código Civil; (2) Si un fiduciario original puede renunciar unilateralmente o si la aprobación judicial es obligatoria; (3) Qué estatus tenía Oriental Bank después de enviar la carta de renuncia — ¿permaneció como fiduciario o dejó de serlo?; (4) Si el conflicto de interés de Oriental Bank (convertirse en acreedor-prestamista mientras servía como fiduciario) activó alguna prohibición de permanecer como fiduciario o mandató la renuncia.

Posición de las Partes

Oriental Bank argumentó que la cláusula 13 de la escritura del fideicomiso explícitamente permitía la renuncia mediante notificación escrita a los fideicomitentes sin aprobación judicial, y que este arreglo contractual regía el proceso de renuncia. Pérez Santiago argumentó que la renuncia de Oriental Bank fue impropia y que Oriental Bank permanecía como fiduciario, lo que significaba que el emplazamiento no podía efectuarse a través de un fideicomitente-no-fiduciario. Sostuvo que el Artículo 861 del Código Civil (la ley antecedente aplicable al fideicomiso de 2005) proveía el método exclusivo para la renuncia del fiduciario original.

Resolución/Decisión

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que: (1) el Artículo 861 del Código Civil establece el procedimiento obligatorio para la renuncia del fiduciario original — el fiduciario debe solicitar al tribunal de primera instancia competente, el cual determina la suficiencia o insuficiencia de las razones de renuncia; (2) aunque el Artículo 855 permite a los fideicomitentes crear fideicomisos en cualquier forma que no viole la ley o el orden público, esta flexibilidad no permite evadir requisitos procesales obligatorios para la renuncia del fiduciario; (3) la cláusula 13 de la escritura del fideicomiso respecto a la renuncia del fiduciario aplica solo a fiduciarios sucesores, no al fiduciario original; (4) para el fiduciario original, el Artículo 861 es aplicable y dispositivo; (5) la carta de Oriental Bank del 21 de diciembre de 2011 no cumplió con el Artículo 861 porque careció de aprobación judicial; (6) por lo tanto, Oriental Bank permaneció como fiduciario y el emplazamiento no pudo efectuarse adecuadamente a través de Pérez Santiago; (7) el tribunal de primera instancia erró al determinar que el emplazamiento era adecuado bajo "circunstancias particulares."

Fundamentos de la Decisión

El tribunal razonó que la naturaleza irrevocable del mandato fiduciario (establecida en el Artículo 834 que define el fideicomiso como un mandato irrevocable) significa que una vez que un fiduciario acepta la designación, el abandono unilateral de la posición no está permitido sin autorización judicial. El tribunal distinguió entre fiduciarios originales (cuya renuncia requiere aprobación judicial bajo el Artículo 861) y fiduciarios sucesores/sustitutos (cuyos procedimientos de renuncia pueden ser más flexibles según las disposiciones de la escritura del fideicomiso). El tribunal sostuvo que permitir a los fiduciarios originales renunciar unilateralmente socavaría el carácter irrevocable del mandato fiduciario y crearía inestabilidad en la administración de fideicomisos. El tribunal señaló que el aparente conflicto de interés de Oriental Bank — adquirir los préstamos como acreedor mientras permanecía como fiduciario — posiblemente proveía fundamentos legales para la remoción o renuncia forzada, pero esto no permitía que Oriental Bank auto-determinara su estatus de renuncia. En cambio, el procedimiento adecuado requeriría: (1) que Oriental Bank solicitara al tribunal la aprobación de renuncia por razones de conflicto; o (2) que los fideicomitentes/beneficiarios solicitaran la remoción bajo las causales del Artículo 867 de intereses incompatibles.

---

Notas Resumidas

Los casos resumidos arriba abordan principios críticos del Derecho de Fideicomisos de Puerto Rico incluyendo:

• Validez y Registro de Fideicomisos: El alcance de las formalidades de creación de fideicomisos y si los fideicomisos pueden contener bienes gananciales
• Deberes y Remoción del Fiduciario: Estándares para la remoción del fiduciario, requisitos de notificación y protecciones procesales
• Renuncia del Fiduciario: Distinción entre los procedimientos de renuncia del fiduciario original y del fiduciario sucesor
• Legitimación de Beneficiarios: Requisitos para que beneficiarios y representantes inicien litigación relacionada con fideicomisos
• Personalidad Jurídica del Fideicomiso: Reconocimiento de fideicomisos como entidades jurídicas separadas capaces de ser representadas en litigación
• Cosa Juzgada: Aplicación de la doctrina de firmeza a disputas relacionadas con fideicomisos

Todos los casos aplicaron las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico sobre fideicomisos (anteriormente Artículos 834-874, ahora regidos por la Ley 219-2012, Ley de Fideicomisos) reconociendo además principios del derecho anglosajón de fideicomisos adaptados a la tradición civilista de Puerto Rico.

---

¿Enfrenta una Disputa de Fideicomiso Familiar o un Asunto con el Fiduciario?

Las disputas de fideicomisos familiares y los procedimientos de remoción de fiduciarios requieren representación legal sensible y estratégica. El abogado Hans Riefkohl en Riefkohl Law provee asesoría experimentada en litigación de fideicomisos, asuntos de fideicomisos en derecho de familia y cuestiones fiduciarias.

Programe una Consulta Gratuita →

Recursos relacionados: Guía de Derecho de Fideicomisos de Puerto Rico | Servicios de Planificación Sucesoral | Recursos Legales